Haber resuelto expedientes disciplinarios desde el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR) deja una lección clara: el régimen disciplinario del servidor público no es un mecanismo automático, sino un procedimiento administrativo sujeto a garantías tan exigentes como las de cualquier proceso sancionador. La entidad que lo pierde de vista suele ver revocada su decisión en la instancia de apelación, o en el proceso contencioso-administrativo que sigue después.

El régimen disciplinario regulado por la Ley del Servicio Civil y su reglamento habilita a la entidad a sancionar al servidor que incurre en falta, pero ese poder está acotado por principios que no admiten flexibilización discrecional: legalidad y tipicidad de la falta, proporcionalidad de la sanción, debido procedimiento y, de manera especialmente relevante en la práctica, el plazo de prescripción de la potestad sancionadora.

Un error recurrente en las entidades públicas es iniciar procedimientos disciplinarios sin verificar, de manera previa, si la potestad sancionadora se encuentra prescrita, o sin distinguir con precisión entre la fecha en que la entidad tomó conocimiento de la falta y la fecha en que efectivamente se instauró el procedimiento. Esa distinción, que puede parecer formal, determina con frecuencia la validez completa de la sanción impuesta.

La potestad disciplinaria del Estado empleador está sujeta a las mismas garantías que exigimos de cualquier procedimiento sancionador: no es menos exigente por tratarse de una relación de empleo público.

Tampoco es infrecuente que la sanción impuesta resulte desproporcionada frente a la falta acreditada, o que el procedimiento omita etapas esenciales del derecho de defensa —como el acceso oportuno al expediente o la posibilidad real de presentar descargos—. En estos casos, la vía de impugnación interna ante el propio Tribunal del Servicio Civil, y eventualmente el proceso contencioso-administrativo, constituyen el cauce natural para restablecer la legalidad del procedimiento.

Para el servidor público, conocer estas garantías no es un ejercicio académico: de ellas depende, en la práctica, la estabilidad de su vínculo laboral. Para la entidad, respetarlas desde el inicio del procedimiento es la única forma de que una sanción disciplinaria, si en efecto corresponde, se sostenga en las instancias de revisión.

En una reciente resolución emitida por el Consejo Directivo del OSINERGMIN, publicada el 7 de diciembre, la administración declaró fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Electro Dunas S.A.A., basando su decisión en la aplicación del principio de predictibilidad.

La discusión se centra en determinar si el cálculo del Factor de Balance de Potencia (FBP) debe ser diferenciado —entre el sistema eléctrico de Ica y el de Santa Margarita— o si, por el contrario, debe calcularse un único factor a nivel de sistema.

En un principio, el OSINERGMIN optó por la segunda postura, al considerar que no contaba con el 100% de los registros de consumo de energía y potencia cada 15 minutos de los usuarios libres y regulados en media tensión; por tanto, sostuvo que debía calcularse un FBP único a nivel de sistema eléctrico.

Sin embargo, la administrada sustentó su posición en una resolución anterior —la N.° 140-2022-OS/CD—, en la que el propio OSINERGMIN había fundamentado que, técnicamente, es aceptable un promedio de falta de registros del 5%, en la medida en que no afecta los resultados del FBP y constituye una práctica usual en la ingeniería al validar datos, aplicada además en la regulación eléctrica. Sobre esa base, solicitó la reconsideración de la decisión.

El OSINERGMIN, basando su decisión en la aplicación del principio de predictibilidad, tuvo que reconsiderar su propia postura expuesta en la Resolución N.° 196-2023-OS/CD.

La decisión del OSINERGMIN demuestra la importancia de la aplicación de los principios del procedimiento administrativo, y cómo estos ayudan a proteger otros principios —como el de seguridad jurídica— en casos como este, donde la propia administración se encuentra vinculada por sus criterios previos frente a supuestos técnicamente equivalentes.