Nos complace informar que el socio del Estudio, Helmut Olivera, ha sido incorporado como miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (WCEL, por sus siglas en inglés) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para el período 2026–2029.

La WCEL es una red global de especialistas en derecho ambiental que forma parte de la UICN, organización que reúne a Estados, organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en torno a la conservación de la naturaleza. Esta incorporación permite al Estudio y a su socio contrastar la experiencia nacional con los debates y estándares internacionales en la materia.

Formar parte de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN es una oportunidad para contrastar la experiencia nacional con los estándares y debates internacionales en la materia.

La labor de la Comisión se organiza en doce grupos de especialistas:

• Biodiversidad
• Cambio climático
• Delitos contra el medio ambiente
• Profesionales jóvenes
• Seguridad ambiental y conflictos
• Ética
• Derechos humanos y ambiente
• Derecho del océano
• Suelo y agricultura sostenible
• Derechos de la naturaleza
• Contaminación
• Agua y humedales

Con esta incorporación, el Estudio reafirma su compromiso con el desarrollo y la aplicación del derecho ambiental, y con la participación en redes especializadas de alcance internacional durante el cuatrienio 2026–2029.

Acuña, Olivera & Zegarra Abogados se incorpora como aliado del VII Moot Internacional de Derecho Ambiental Científica 2026, la competencia universitaria de tribunales simulados pionera y más relevante en materia ambiental a nivel iberoamericano, organizada por la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Científica del Sur.

Los socios del estudio vienen ejerciendo la docencia en esa casa de estudios, contribuyendo activamente a la formación jurídica de sus estudiantes. El socio Helmut Olivera dirige, además, la Clínica de Litigación Ambiental Científica —líder de la Red Nacional de Clínicas Jurídicas Ambientales del Perú—, espacio que conecta la práctica profesional con el aprendizaje real del derecho ambiental. La alianza con el Moot prolonga ese mismo compromiso y le da una dimensión competitiva e iberoamericana.

El Moot Ambiental Científica es el único certamen de su género que se desarrolla íntegramente en español y el más importante a nivel iberoamericano. En sus seis ediciones precedentes ha reunido a más de quinientos participantes provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, los Estados Unidos y el Perú, con la presencia de reconocidos especialistas en materia ambiental como jurados. Cuenta con el respaldo institucional del Tribunal Constitucional del Perú —máximo intérprete de la Constitución Política—, cuya colaboración ha sido determinante para consolidar la competencia como referente en formación jurídico-ambiental. La dinámica de la competencia exige que los equipos reciban un expediente hipotético, elaboren escritos de posición —denominados memorias— y los defiendan oralmente ante el jurado, poniendo a prueba de forma integral sus capacidades de argumentación, investigación y litigación.

El derecho ambiental no se agota en el expediente: se nutre del debate académico, de la formación de nuevas generaciones y del rigor con que los futuros abogados aprenden a argumentar.

Para Acuña, Olivera & Zegarra Abogados, sumarse al Moot como aliado es una decisión coherente con su visión del derecho ambiental: una disciplina que no se agota en el expediente, sino que se nutre del debate académico, de la formación de nuevas generaciones y del rigor con que los futuros abogados aprenden a construir y defender sus argumentos. Apoyar espacios como este es, en última instancia, contribuir a la calidad del ecosistema jurídico ambiental que el Perú e Iberoamérica necesitan.

Las inscripciones para la séptima edición se encuentran abiertas hasta el 25 de setiembre de 2026. Mayor información e inscripciones en el sitio oficial del VII Moot Internacional de Derecho Ambiental Científica 2026.

Hoy 17 de septiembre de 2026 se ha publicado el Decreto Supremo N.° 012-2026-MINAM, mediante el cual se declara en proceso de modernización y reorganización al Ministerio del Ambiente (MINAM), sus programas y proyectos especiales, así como los organismos públicos adscritos al sector ambiental. La medida, vigente por un plazo de 120 días calendario, abre un período de evaluación institucional que, según el texto normativo, busca diagnosticar la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector, a fin de proponer acciones de reforma para su fortalecimiento.

Sin embargo, una lectura aislada de esta norma resultaría incompleta. Para entender su verdadero alcance es indispensable situarla en el marco político y legislativo más amplio en el que se inscribe: el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por la presidenta de la República al Congreso (ahora en la Cámara de Diputados), que incluye materias de especial sensibilidad ambiental. En estas líneas analizamos ambos instrumentos, identificamos sus riesgos y formulamos recomendaciones orientadas a que cualquier reforma fortalezca —y no debilite— la gobernanza ambiental del país.

¿Qué establece el Decreto Supremo N.° 012-2026-MINAM?

El decreto se estructura en cuatro artículos y una disposición complementaria final. Sus elementos centrales son los siguientes:

• Se declara en proceso de modernización y reorganización al MINAM, sus programas y proyectos especiales, y los organismos públicos adscritos al sector ambiental, por 120 días calendario (artículo 1).
• La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del MINAM realizará un diagnóstico de la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico, el presupuesto y las inversiones, la gestión por procesos, los recursos humanos y la gestión interna, entre otros aspectos. Los resultados se formalizarán en un informe técnico con las medidas de reforma recomendadas, presentado al despacho ministerial con conformidad de los viceministros y el secretario general; a los 70 días calendario se presentará además un informe parcial de avances (artículo 2).
• La OGPP podrá contar con el apoyo de organismos internacionales o instituciones multilaterales con experiencia en modernización de la gestión pública y desarrollo sostenible (artículo 2).
• Las recomendaciones del informe técnico serán implementadas por el MINAM y los organismos adscritos, conforme al ordenamiento legal aplicable (artículo 3).
• El proceso se financiará con cargo a los recursos presupuestales del propio sector, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público (artículo 4).
• La disposición complementaria final obliga a todas las unidades, programas, proyectos especiales y organismos del sector ambiental a brindar la información y colaboración que les requiera la OGPP.

Un examen crítico del decreto

Si bien la norma se presenta como una iniciativa de modernización institucional, un examen detallado revela aspectos que conviene señalar:

• La exposición de motivos menciona genéricamente “evaluaciones institucionales recientes” que habrían evidenciado oportunidades de mejora y la necesidad de superar “cuellos de botella administrativos”, sin identificar un informe específico que la sustente.
• El decreto no establece indicadores medibles del proceso de evaluación y reforma; los conceptos de “cuellos de botella administrativos” y “medidas de fortalecimiento institucional” dejan un margen de discrecionalidad sumamente amplio, que podría facilitar decisiones regresivas en la defensa del medio ambiente.
• Todo proceso de reforma debe asegurar la independencia técnica del ente evaluador, lo que aquí no se evidencia —solo se menciona la posibilidad de apoyo de instituciones internacionales—. Sin esa independencia, resulta sencillo manipular las variables del diagnóstico para sustentar medidas tan perniciosas como la fusión del sector ambiente o el recorte de sus competencias.
• La publicación de este decreto coincide con iniciativas legislativas orientadas a flexibilizar los estándares ambientales, lo que obliga a preguntarse si la “reorganización” busca mejorar la tutela ambiental desde un enfoque de sostenibilidad, o si es solo un mecanismo para reducir la presencia de instituciones de tutela ambiental en favor de la promoción de las inversiones.

Sin independencia del proceso de reforma, resulta sencillo manipular las variables del diagnóstico para sustentar medidas tan perniciosas como la fusión del sector ambiente o el recorte de sus competencias.

El contexto político: la delegación de facultades y las propuestas de flexibilización ambiental

Para comprender cabalmente el alcance del Decreto Supremo N.° 012-2026-MINAM es imprescindible situarlo en el marco del pedido de delegación de facultades legislativas presentado por la presidenta de la República ante el Congreso, el cual incluye materias vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales, la evaluación del impacto ambiental y la optimización de la producción, entre otras. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA, 2026) ha publicado un análisis exhaustivo sobre las implicancias ambientales de este pedido, del que destacan tres aspectos de particular preocupación:

• Las propuestas sugerirían aplicar el silencio administrativo positivo en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA). Esa posibilidad resulta manifiestamente contraria al ordenamiento nacional e internacional, al vulnerar los principios de prevención y precautorio reconocidos en la Ley General del Ambiente (Ley N.° 28611) y en instrumentos vinculantes para el Perú como el Acuerdo de Escazú, que impiden que la inacción estatal habilite implícitamente actividades con potencial impacto ambiental significativo. Compartimos la conclusión de la SPDA: la aplicación del silencio administrativo positivo en este contexto es inadmisible.
• El pedido incluiría propuestas para modificar la Ley N.° 28736 —Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial— con el fin de garantizar la continuidad de actividades hidrocarburíferas en sus territorios. De traducirse en una flexibilización de las garantías aplicables a estos pueblos —que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad—, una reforma en esos términos constituiría, en la práctica, una subordinación de derechos fundamentales a intereses económicos, en abierta contradicción con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos.
• Finalmente, la propuesta de modificar la Ley N.° 26834 —Ley de Áreas Naturales Protegidas— para permitir la reducción de sus superficies en favor de proyectos declarados de necesidad pública e interés nacional podría convertirse, sin los estándares de control adecuados, en una vía para remover restricciones a la inversión privada a expensas del patrimonio natural del país, con elementos de inconstitucionalidad bien desarrollados en el reporte de la SPDA (páginas 43 y 44).

La reducción de un área natural protegida no es en sí misma inconstitucional, al no existir una norma de ese rango que expresamente lo prohiba; pero sí podría serlo si se habilita por decreto legislativo la reducción de las ANP con el único fin de promover la inversión y el desarrollo de actividades económicas en la zona desafectada. La preocupación se agrava si tales proyectos pudieran ejecutarse con instrumentos de gestión ambiental aprobados bajo la figura del silencio administrativo.

Recomendaciones

• El MINAM debe publicar los informes y evaluaciones institucionales que dieron origen al proceso de reorganización, permitiendo un escrutinio público e independiente de sus fundamentos.
• El proceso de evaluación debe contar con mecanismos que aseguren la autonomía técnica de los organismos del sector, evitando que el diagnóstico sea influenciado por consideraciones políticas o económicas ajenas a la gobernanza ambiental.
• La delegación de facultades no debe utilizarse para flexibilizar el régimen de protección de los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial; por el contrario, la legislación vigente debería fortalecerse a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Convenio N.° 169 de la OIT.
• Si se mantiene la propuesta de modificar la Ley N.° 26834, toda reducción de un ANP debe someterse a evaluación ambiental estratégica, consulta pública y revisión técnica independiente, y quedar expresamente prohibida cuando afecte ecosistemas críticos o especies en peligro de extinción.
• El proceso iniciado por el Decreto Supremo N.° 012-2026-MINAM solo será legítimo si sus resultados se traducen en un sector ambiental más eficiente, mejor articulado y con mayor capacidad regulatoria y fiscalizadora a favor de la tutela del medio ambiente.

La reorganización del sector ambiental no es, en sí misma, negativa para la tutela del medio ambiente. El problema es que una reforma orientada a optimizar la inversión no resulta motivo suficiente para justificarla, y resulta especialmente cuestionable en un contexto en el que la presidenta de la República ha solicitado la delegación de facultades legislativas que incluye aplicar el silencio administrativo positivo en EIA, flexibilizar la protección de pueblos indígenas vulnerables y permitir la reducción de áreas naturales protegidas. El resultado no puede leerse simplemente como una modernización neutral: se trata de señales convergentes hacia una agenda de desregulación ambiental que merece un debate público riguroso, transparente y fundamentado en la evidencia científica y jurídica disponible.

El desafío para el Perú no es elegir entre desarrollo económico y protección ambiental: es construir un marco institucional que haga posible ambas cosas. Para ello necesitamos un sector ambiental más fuerte, no más débil.

Referencias

• Congreso de la República del Perú. (2005). Ley N.° 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial.
• Congreso de la República del Perú. (1997). Ley N.° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas.
• Congreso de la República del Perú. (2005). Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.
• Ministerio del Ambiente del Perú. (2026, 17 de septiembre). Decreto Supremo N.° 012-2026-MINAM.
• Sociedad Peruana de Derecho Ambiental [SPDA]. (2026). Análisis en materia ambiental del pedido de facultades legislativas. Ver informe ↗
• Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (1989). Convenio N.° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2018). Acuerdo de Escazú.

A propósito de una entrevista brindada a Radio Nacional el miércoles 1 de setiembre de 2025, resulta pertinente exponer brevemente cuál es, a mi juicio, el estado de la minería ilegal y su impacto sobre el medio ambiente.

La minería ilegal ha dejado de ser un fenómeno circunscrito a determinadas localidades del territorio nacional: se ha convertido en una de las expresiones más graves del crimen organizado en el Perú, con capacidad de destruir ecosistemas, contaminar cadenas alimenticias y neutralizar la respuesta institucional del Estado.

Existe una narrativa instalada —cómoda, pero jurídicamente inexacta— que presenta a la minería ilegal como una actividad de subsistencia ejercida por personas que no tienen otra alternativa. Si bien esa narrativa pudo tener sentido a inicios de los años noventa y dos mil, en la actualidad resulta insostenible: en determinadas zonas del país nos encontramos ante estructuras criminales organizadas, con amplios recursos, capacidad de ejercer violencia extrema —que extorsionan y ultiman a personas— y de penetrar instituciones del Estado.

Las cifras disponibles permiten dimensionar el daño. Hablamos de más de 130,000 hectáreas de bosques amazónicos depredados; cuencas hídricas que abastecen a poblaciones en situación de vulnerabilidad, contaminadas con metales pesados por el uso de mercurio en los procesos de beneficio; y millones de peruanos que vienen consumiendo alimentos contaminados por esta actividad, con el consiguiente daño a su salud.

En el debate académico y jurídico internacional, esta clase de destrucción sistemática de ecosistemas a gran escala ha comenzado a abordarse bajo el concepto de ecocidio, lo que permite analizar los daños de la minería ilegal desde una nueva perspectiva: la de un crimen que amerita ser sancionado con severidad.

El REINFO no formaliza: genera impunidad. Esa es la conclusión que se impone tras años de vigencia y sucesivas prórrogas.

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no funciona: ha alcanzado apenas poco más del 2% de formalización efectiva sobre el universo de operadores inscritos. La flexibilidad ambiental que lo sostiene no se justifica, y se agrava con la exención normativa que impide al Ministerio Público y a la Policía Nacional investigar o denunciar el delito de minería ilegal. Desde la Clínica de Litigación Ambiental Científica (CLAC) de la Universidad Científica del Sur, junto con el decano de la Facultad de Derecho, Dr. Andrés Dulanto, y los miembros de la Clínica, venimos realizando investigaciones y remitiendo los resultados a las instituciones correspondientes para advertir sobre los graves problemas de esta actividad en supuestas vías de formalización.

Las reformas que el país necesita son identificables. El REINFO debe caducar definitivamente en diciembre de 2026, sin que exista argumento técnico-jurídico alguno que justifique una prórroga adicional. A ello debe sumarse la aprobación de un marco ordinario y exigente —en la línea de una Ley MAPE— que incorpore mecanismos reales de supervisión, fiscalización ambiental y sanciones proporcionales a la gravedad del daño, especialmente frente al uso de mercurio.

A ello se suma la trazabilidad financiera interinstitucional: la interoperabilidad en tiempo real entre la SUNAT, la SBS, la Policía Nacional y el Ministerio Público es condición necesaria para impedir que la minería ilegal financie estructuras criminales y, eventualmente, procesos electorales.

En paralelo, la propuesta de que el Banco de la Nación compre de forma exclusiva el oro de la pequeña minería no formaliza: legitima. Dotar de un comprador estatal garantizado a una actividad que opera al margen de la ley constituiría un incentivo perverso que consolidaría la informalidad bajo el paraguas de una operación comercial con el Estado.

El nuevo Congreso bicameral tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de adoptar un marco proporcional a la magnitud del problema. Desde la práctica de la litigación ambiental y la generación de evidencia técnica y jurídica, seguiremos contribuyendo a ese debate. La entrevista completa concedida a Radio Nacional puede verse aquí.

El proceso competencial es, probablemente, el proceso constitucional menos conocido fuera del ámbito jurídico y, a la vez, uno de los que mejor retrata el diseño de pesos y contrapesos de nuestro sistema constitucional. A diferencia del amparo o el hábeas corpus, no protege directamente a una persona: resuelve conflictos entre poderes del Estado o entre órganos constitucionales cuando uno de ellos considera que otro ha actuado fuera de las competencias o atribuciones que la Constitución le asigna.

El Código Procesal Constitucional habilita a que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo o los órganos constitucionalmente autónomos —entre ellos el Ministerio Público— acudan al Tribunal Constitucional cuando entienden que una decisión, omisión o acto de otro poder invade el ámbito que la Constitución les reserva. No se discute, en estricto, si el acto cuestionado es correcto o conveniente, sino si quien lo emitió tenía competencia constitucional para hacerlo.

En los últimos meses hemos comentado en distintos medios, a propósito de un proceso competencial iniciado por la Presidencia de la República contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, cómo estas disputas ponen a prueba algo más que una norma procesal: ponen a prueba la disposición de los propios poderes del Estado a someter sus diferencias al árbitro que la Constitución ha previsto para ese fin, en lugar de resolverlas por la vía de los hechos.

El proceso competencial no pregunta quién tiene razón en el fondo del asunto, sino quién tenía la competencia constitucional para decidir.

Para que el Tribunal Constitucional admita a trámite una demanda competencial, deben concurrir presupuestos exigentes: la existencia de un conflicto actual —no meramente hipotético—, que verse sobre competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o por normas con rango constitucional, y que el demandante haya requerido previamente al otro poder que se abstenga de la actuación cuestionada. Estos filtros no son un obstáculo burocrático: existen para que el proceso competencial se reserve a conflictos genuinamente institucionales, no a diferencias políticas coyunturales disfrazadas de controversia jurídica.

La relevancia práctica de estos procesos irá en aumento en la medida en que la relación entre poderes del Estado se vuelva más tensa. Acompañar a una institución en esta vía exige, ante todo, distinguir con precisión el argumento competencial —de estricta relevancia constitucional— de cualquier otro tipo de desacuerdo, y sostenerlo con el rigor técnico que un litigio de esta naturaleza exige.

Haber resuelto expedientes disciplinarios desde el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR) deja una lección clara: el régimen disciplinario del servidor público no es un mecanismo automático, sino un procedimiento administrativo sujeto a garantías tan exigentes como las de cualquier proceso sancionador. La entidad que lo pierde de vista suele ver revocada su decisión en la instancia de apelación, o en el proceso contencioso-administrativo que sigue después.

El régimen disciplinario regulado por la Ley del Servicio Civil y su reglamento habilita a la entidad a sancionar al servidor que incurre en falta, pero ese poder está acotado por principios que no admiten flexibilización discrecional: legalidad y tipicidad de la falta, proporcionalidad de la sanción, debido procedimiento y, de manera especialmente relevante en la práctica, el plazo de prescripción de la potestad sancionadora.

Un error recurrente en las entidades públicas es iniciar procedimientos disciplinarios sin verificar, de manera previa, si la potestad sancionadora se encuentra prescrita, o sin distinguir con precisión entre la fecha en que la entidad tomó conocimiento de la falta y la fecha en que efectivamente se instauró el procedimiento. Esa distinción, que puede parecer formal, determina con frecuencia la validez completa de la sanción impuesta.

La potestad disciplinaria del Estado empleador está sujeta a las mismas garantías que exigimos de cualquier procedimiento sancionador: no es menos exigente por tratarse de una relación de empleo público.

Tampoco es infrecuente que la sanción impuesta resulte desproporcionada frente a la falta acreditada, o que el procedimiento omita etapas esenciales del derecho de defensa —como el acceso oportuno al expediente o la posibilidad real de presentar descargos—. En estos casos, la vía de impugnación interna ante el propio Tribunal del Servicio Civil, y eventualmente el proceso contencioso-administrativo, constituyen el cauce natural para restablecer la legalidad del procedimiento.

Para el servidor público, conocer estas garantías no es un ejercicio académico: de ellas depende, en la práctica, la estabilidad de su vínculo laboral. Para la entidad, respetarlas desde el inicio del procedimiento es la única forma de que una sanción disciplinaria, si en efecto corresponde, se sostenga en las instancias de revisión.

Desde la Clínica de Litigación Ambiental Científica hemos seguido de cerca el debate sobre la constitucionalidad de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, un cuerpo normativo que define buena parte de las reglas bajo las cuales se autoriza, fiscaliza y sanciona el uso del patrimonio forestal en el país. El debate no es menor: de su resultado depende, en gran medida, el margen de acción real de la autoridad forestal frente a la deforestación y el cambio de uso de suelo no autorizado.

El cuestionamiento de fondo se centra en si determinadas disposiciones de la norma —en particular aquellas que flexibilizan requisitos previos a la habilitación de tierras para actividades productivas— respetan el contenido constitucionalmente protegido del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, así como los principios de prevención y de no regresión en materia ambiental reconocidos por nuestro Tribunal Constitucional.

Publicamos en el diario El Peruano un artículo de opinión sobre este punto, sosteniendo que la discusión no puede resolverse únicamente en clave de política agraria o de simplificación administrativa. Cuando una norma reduce las exigencias técnicas previas al cambio de uso de un ecosistema forestal, el análisis constitucional exige verificar si esa flexibilización está justificada por un fin legítimo y si supera un juicio de proporcionalidad frente al nivel de protección ambiental previamente alcanzado.

Flexibilizar una regla de protección ambiental no es, por sí solo, inconstitucional; lo es cuando se hace sin justificación suficiente y por debajo del estándar ya alcanzado.

El litigio ambiental que patrocinamos parte de una premisa simple pero exigente: el Estado puede modular la intensidad de sus mecanismos de protección ambiental en función de circunstancias económicas o sociales legítimas, pero no puede hacerlo retrocediendo por debajo del piso de protección ya alcanzado sin una justificación técnica y proporcional. Ese es, precisamente, el estándar que corresponde exigir al Tribunal Constitucional al momento de resolver este tipo de controversias.

Seguiremos informando sobre el desarrollo de este proceso, en la medida en que su resultado incidirá directamente sobre los criterios que la autoridad forestal deberá aplicar en sus procedimientos de fiscalización a nivel nacional.

En una reciente resolución emitida por el Consejo Directivo del OSINERGMIN, publicada el 7 de diciembre, la administración declaró fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Electro Dunas S.A.A., basando su decisión en la aplicación del principio de predictibilidad.

La discusión se centra en determinar si el cálculo del Factor de Balance de Potencia (FBP) debe ser diferenciado —entre el sistema eléctrico de Ica y el de Santa Margarita— o si, por el contrario, debe calcularse un único factor a nivel de sistema.

En un principio, el OSINERGMIN optó por la segunda postura, al considerar que no contaba con el 100% de los registros de consumo de energía y potencia cada 15 minutos de los usuarios libres y regulados en media tensión; por tanto, sostuvo que debía calcularse un FBP único a nivel de sistema eléctrico.

Sin embargo, la administrada sustentó su posición en una resolución anterior —la N.° 140-2022-OS/CD—, en la que el propio OSINERGMIN había fundamentado que, técnicamente, es aceptable un promedio de falta de registros del 5%, en la medida en que no afecta los resultados del FBP y constituye una práctica usual en la ingeniería al validar datos, aplicada además en la regulación eléctrica. Sobre esa base, solicitó la reconsideración de la decisión.

El OSINERGMIN, basando su decisión en la aplicación del principio de predictibilidad, tuvo que reconsiderar su propia postura expuesta en la Resolución N.° 196-2023-OS/CD.

La decisión del OSINERGMIN demuestra la importancia de la aplicación de los principios del procedimiento administrativo, y cómo estos ayudan a proteger otros principios —como el de seguridad jurídica— en casos como este, donde la propia administración se encuentra vinculada por sus criterios previos frente a supuestos técnicamente equivalentes.